• 5 CLAVES DE LA CUSTIODIA COMPARTIDA

    5 CLAVES DE LA CUSTIODIA COMPARTIDA

    20 de Julio de 2016

    Es satisfactorio comprobar cómo el derecho de familia evoluciona con la propia familia. En pocos años la responsabilidad de la custodia de nuestros hijos ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de que los niños se quedaran bajo la responsabilidad de uno solo de los progenitores (normalmente la madre) a que sean ambos quienes estén implicados activamente en el desarrollo y guarda de los mismos. Esta realidad ha sido posible fruto del resultado en la evolución en los roles de los progenitores en el desarrollo de los hijos.

    Y, una vez más, el buen hacer de nuestros tribunales presidido por la interpretación del Tribunal Supremo le ha ganado la batalla al legislador a golpe de sentido común frente a los vacíos debates políticos y luchas de poder de nuestro parlamento.

    A día de hoy nuestros tribunales buscan aproximar la relación de los menores con sus progenitores al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial (o de pareja) y garantizar así la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y la de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que finalmente resulta más beneficioso para ellos.

    Un año después del artículo que publicaba sobre el cambio de doctrina del Tribunal Supremo acerca del tema de la custodia (https://www.abogadomediadorfamiliar.com/es/noticias-detalle/la-custodia-compartida-debe-considerarse-normal-e-incluso-deseable-posicion-del-tribunal-supremo/) y tras unas cuantas sentencias ya podemos esbozar las 5 CLAVES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA:

    a.            La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales.

    b.            Los deseos manifestados por los menores.

    c.            Datos objetivos como el número de hijos, la distancia entre domicilios, horarios,…

    d.            El cumplimiento de los progenitores en sus deberes de sustento con los hijos.

    e.            El respeto mutuo en sus relaciones personales.

    CONCLUSIÓN

    ·         Puntos positivos:

    1.       Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia

    2.       Se evita el sentimiento de pérdida.

    3.       No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

    4.       Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.

    ·         Puntos negativos:

    1.       La utilización fraudulenta e intimidatoria para que el otro progenitor acceda a sus demandas (generalmente de contenido estrictamente económico); cuando el otro progenitor no tiene intención real de asumir una custodia compartida.

    2.       La generación de actitudes deliberadamente hostiles para desvirtuar la posibilidad del establecimiento de una custodia compartida.

    3.       La utilización del régimen de custodia como medio para evitar el pago de pensiones,...

    Hay grandes expectativas con este modelo de responsabilidad. El día a día nos dirá si estamos dando pasos firmes de cara al interés de los menores o simplemente nos estacamos. Si tienes una custodia compartida no dudes en compartir tu experiencia.

  • ¿Las parejas de hecho con hijos pueden reclamar una pensión compensatoria en el proceso de custodia?

    ¿Las parejas de hecho con hijos pueden reclamar una pensión compensatoria en el proceso de custodia?

    4 de Marzo de 2016

    La respuesta de los juzgados y tribunales es negativa. Recientemente se dictó una sentencia que denegaba el derecho a una pensión compensatoria por la situación de desequilibrio producido tras la ruptura de una pareja de hecho. Esta situación se produjo tras estimarse el recurso de uno de los progenitores contra la sentencia que había concedido a la demandante dicha pensión compensatoria en el proceso de custodia de sus hijos menores.

    ¿Por qué se deniega la pensión compensatoria a las uniones de hecho?

    La sentencia sostiene que no se puede equiparar matrimonio a uniones estables de pareja; y afirma que el derecho al percibo de una pensión compensatoria no nace ni surge en las parejas de hecho sin perjuicio de que el miembro de la pareja que se crea perjudicado patrimonialmente por las circunstancias de dicha unión pueda reclamar del otro la correspondiente indemnización.

    Pero es que, además, añade que tampoco se podría pedir en el mismo procedimiento de custodia de los hijos porque en dichos procedimientos se trata exclusivamente el tema relacionado con los menores excluyendo las diferencias existentes entre los progenitores.

    ¿Quién puede solicitar el derecho a una pensión compensatoria?

    Los cónyuges exclusivamente y siempre que se produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Este reconocimiento podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

    ¿Qué se puede hacer cuando tras la ruptura de una pareja de hecho se produce un desequilibrio económico en relación con la posición del otro?

    Habría que promover una demanda contra el otro conviviente en reclamación de una indemnización por enriquecimiento injusto o enriquecimiento sin causa, bajo la aplicación de la llamada condictio por inversión o por expensas.

    Los Tribunales, conscientes del creciente número de uniones de hecho, se ha esforzado en encontrar solución a cuáles han de ser las consecuencias económicas derivadas del cese de la convivencia "more uxorio", cuando la ausencia de norma específica legal y la falta de pacto establecido por los miembros de la pareja caracterizan precisamente la estructura de esta institución.

    De esta forma, se ha buscado y encontrado fundamento a la compensación del conviviente que ha visto empeorada su situación económica a resultas de la ruptura de la relación en la figura del enriquecimiento injusto sobre la base de la denominada "pérdida de oportunidad" que vendría de algún modo a sustituir al concepto de "empeoramiento" que ha de calificar el desequilibrio.

    De hecho, el Tribunal Supremo, en su última jurisprudencia, con relación al enriquecimiento sin causa, viene aceptando la aplicación de la llamada condictio por inversión o por expensas, es decir, cuando una persona invierte su trabajo en beneficio de las empresas de otra persona, sin recibir la adecuada compensación, ni participar en los beneficios que ayuda a crear de modo que se puede considerar que el enriquecimiento se ha producido como efecto del trabajo efectuado sin la correspondiente compensación económica.

    ¿Cómo se puede lograr esta indemnización por desequilibrio económico?

    Todas las acciones que correspondan a cualquier daño o perjuicio derivado de la finalización de la relación de pareja tanto por enriquecimiento injusto como por vulneración de cualquier otro interés legítimo deberán ejercitarse en un juicio declarativo y de modo separado al procedimiento que se promueva sobre la guarda, custodia, y alimentos de los hijos menores.

    Por tanto, debe excluirse del ámbito del proceso seguido con la custodia, régimen de visitas para el no custodio y el uso de la vivienda familiar a diferencia de lo que ocurre con los procedimientos matrimoniales donde dicha pensión compensatoria se solicita en el mismo procedimiento, no pudiendo reclamarse con posterioridad en otro proceso distinto.

    CONCLUSIÓN

    Puntos positivos:

    ·         Los tribunales reconocen la posibilidad de reclamar daño o perjuicio derivado de la finalización de la relación de pareja.

    ·         Se reconoce el derecho a la indemnización tanto si es por un enriquecimiento producido en el patrimonio del demandado; como también en la realización de prestaciones de servicios o trabajo, sin contraprestación o con contraprestación insuficiente.

    ·          El derecho a la indemnización por enriquecimiento injusto se concreta en la pérdida de expectativas y abandono de la actividad en beneficio de un conviviente por la dedicación en beneficio del otro.

    Puntos negativos:

    ·         Si hay menores se deberán promover dos procedimientos judiciales por separado.

  • Accidentes de tráfico en Santander y Cantabria: ¿qué puedo hacer?

    Accidentes de tráfico en Santander y Cantabria: ¿qué puedo hacer?

    29 de Febrero de 2016

    A partir del 1 de enero de 2016 entró en vigor la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Lo cual es una buena noticia puesto que ha supuesto un incremento considerable en la cuantía de las indemnizaciones.

    Según la nota de prensa de UNESPA, los accidentes de tráfico crecieron durante el año 2015 en 1.792.294 accidentes leves en el conjunto del país y, concretamente, en Cantabria hubo un incremento del 1,27% con 28.817 accidentes leves. Pero, además, los estudios de esta asociación destacan que hay más accidentes leves con temporales de frío como los que nos azotan estos días habiendo sido el mes de noviembre cuando más accidentes hubo.

    Con la reforma del Código Penal y al despenalizarse la figura de las faltas sufrimos la indefensión de la imposibilidad de obtener el informe imparcial del Médico Forense. Sin embargo, esa situación fue corregida con la Ley de 22 de septiembre de 2015 y, sobre todo, con el reglamento de 18 de diciembre de 2015 que reguló la realización de las pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. El punto más destacado de este reglamento no solo es la posibilidad de que los particulares accedan a los informes de los médicos forenses sino la gratuidad para el perjudicado de dichos informes realizados por el Instituto de Medicina Legal que serán pagados obligatoriamente por la compañía de seguros a la que se reclama la indemnización por el accidente.

    ¿Qué se debe hacer en caso de accidente?

    Lo primero, acudir a un servicio de urgencia antes de las 72 horas; y acudir inmediatamente a un abogado, preferiblemente, uno de confianza y de designación particular (ya que las pólizas cubren este gasto); lo que a día de hoy se ha vuelto especialmente importante por las consecuencias de realizar bien la denominada “oferta motivada” porque se deberá comunicar el siniestro al asegurador pidiendo la indemnización que corresponda.

    Este trámite es esencial porque no se admitirán a trámite las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.

    ¿Por qué se debe acudir al abogado particular?

    1. Porque para llegar a las cuantías de indemnización previstos hay que aplicar unos conceptos y tablas que son complejos para una persona no experta en la materia.

    2. Porque ahora nos exigen presentar la “reclamación motivada” y la “respuesta motivada” que son imprescindibles para poder reclamar en vía judicial;

    3. Para evitar un efecto pernicioso de los plazos; y

    4. Por la negativa recurrente de las compañías en reconocer la relación causal entre el accidente y las lesiones en los accidentes leves o a baja velocidad. Lo que responde a una estrategia dirigida a ahorrarse el pago de indemnizaciones y gastos médicos a las víctimas de tales accidentes. Sin embargo, son numerosas las sentencias y resoluciones judiciales que se han manifestado diciendo que la ausencia de daños en el vehículo no supone inexistencia de lesiones en los ocupantes. Es más, llegan a decir que en las colisiones a baja velocidad, alcanzados los umbrales patogénicos, cuanto menor sea el grado de deformación del vehículo, menor su aplastamiento, el potencial lesivo para el ocupante es mayor, toda vez que si hay deformidad del vehículo, tal deformidad es la que absorbe la energía del choque, de lo contrario esa energía, que no se utiliza en deformar el vehículo, se emplea, en su transferencia, en dañar al ocupante. Y solo se podrá lograr la indemnización con la reclamación del abogado experto y de confianza.

    CONCLUSIÓN

    Puntos positivos:

    • El incremento en los importes de las indemnizaciones que son mayores a las dadas durante el año 2015.

    • El acceso a los informes imparciales de los forenses por los particulares.

    • La gratuidad de los informes del Instituto de Medicina Legal para los perjudicados.

    Puntos negativos:

    • La correcta presentación de la “reclamación motivada” cumpliendo una serie de requisitos imprescindibles para poder demandar a la compañía.

    • La negativa de las compañías a la hora de reconocer la relación causal entre el accidente y las lesiones en los accidentes leves o a baja velocidad, que se podrá defender con éxito en juicio.

  • De quién son los bienes adquiridos tras una larga separación de hecho ¿son gananciales o privativos?

    De quién son los bienes adquiridos tras una larga separación de hecho ¿son gananciales o privativos?

    28 de Septiembre de 2015

    El mes de septiembre, al igual que sucede en año nuevo, suele ser el mes de toma de decisiones y resolución de situaciones que hemos dejado para más tarde por pereza, falta de tiempo, o simplemente miedo.

    Es usual que durante el tiempo de vacaciones hayamos podido reflexionar o, simplemente, haya caído la gota que colma el vaso cuando al ir al cajero vemos que el cónyuge del que llevamos separados varios meses o incluso convive en análoga situación al matrimonio con otra persona ha gastado sorpresivamente el dinero del depósito a plazo que habíamos renovado durante varios años consecutivos o ha sacado todo el dinero que teníamos en la cuenta en la que se pagaban los gastos familiares (luz; agua; hipoteca; comunidad propietarios; alimentación;...) porque asegura que ese dinero o el piso que se compró con los ahorros es únicamente suyo porque lo adquirió tras la separación y desde ese momento son bienes privativos aquellos adquiridos a costa del trabajo exclusivo de uno de los cónyuges separados.

    En principio estas situaciones son muy estresantes porque no van a estar castigadas penalmente y la reclamación civil parece un problema porque puede ser que incluso alguien te afirme que los bienes adquiridos con posterioridad a la separación de hecho entre los cónyuges no tienen la condición de gananciales sino de bienes privativos. Sin embargo, tal afirmación sin más es errónea.

    Efectivamente, tras la Ley 14/1975, de 2 de mayo, se permitió pactar la disolución del régimen de gananciales, y particularmente a partir de la Reforma de 1981, que desarrolló el régimen de las causas de disolución en función de las diversas vicisitudes que pueden darse en la relación conyugal, se procedió a una paulatina interpretación flexible del artículo 1393.3 del Código Civil que exigía la previa declaración judicial de conclusión de la sociedad, para mitigar el rigor de su interpretación literal en aquellos supuestos en donde se había producido una definitiva y prolongada ruptura de la convivencia conyugal. De forma, que con la libre separación de hecho el Tribunal Supremo viene entendiendo que se quiebra el fundamento consorcial que anida en el lucro común de los gananciales y que sólo se justifica en función de una lógica comunidad de vida. Del mismo modo el alto tribunal también entiende que puede constituir un acto contrario a la buena fe y un manifiesto abuso de derecho ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos. Por lo que, en suma, acreditada una ruptura seria y prolongada de la relación conyugal no se exige, por innecesario, el requisito previo de la declaración judicial para declarar extinguida la sociedad de gananciales.

    No obstante, como ya ha manifestado el Tribunal Supremo en su sentencia de mayo de 2015, y esto es lo relevante, la doctrina jurisprudencial expuesta tampoco puede aplicarse de un modo dogmático o absoluto, desprovista del necesario análisis de las circunstancias del caso y del respecto al fundamento último que informa a la norma. Entenderlo de esta forma sería incurrir en el mismo defecto que se ha pretendido corregir, es decir, una interpretación rigorista pero cambiando la norma por una doctrina jurisprudencial rígida al respecto. Esto comportaría, entre otros extremos, una injustificada aplicación de esta doctrina en aquellos supuestos en que pese a existir una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata, una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por razones de índole económica, o bien por razones afectivas.

    Así que para saber si el bien es privativo o ganancial tendremos que estar al supuesto concreto porque las adquisiciones realizadas con posterioridad a la separación de hecho de los cónyuges no son privativas si no hay o no se constata una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal, bien por motivos económicos o por razones afectivas. Es decir, si los cónyuges, pese a estar separados de hecho, quisieron mantener sus vínculos económicos sigue vigente el régimen de ganancialidad.

    En este supuesto, ¿qué puedo hacer?

    En situaciones como las descritas lo primero que se debería hacer es acudir a un abogado para diagnosticar ante qué supuesto estamos; y luego, en el caso de ser bienes gananciales tomar medidas judiciales lo antes posible para evitar la confusión del patrimonio.

    CONCLUSIÓN

    ·        Puntos positivos:

    o   Se pueden recuperar bienes gananciales adquiridos tras la separación de hecho.

    o   La supervivencia de la sociedad de gananciales pese al tiempo transcurrido.

    o   La ruptura sentimental es insuficiente para poner fin a la sociedad de gananciales mientras existan vínculos económicos.

    ·        Puntos negativos:

    o   La necesidad de plantear un proceso judicial pero los resultados son tan importantes que en la mayoría de los supuestos lo compensan.

  • ¿Puede mi ex publicar fotos de mis hijos menores en Facebook, Instagram, Flickr, u otra red social?

    ¿Puede mi ex publicar fotos de mis hijos menores en Facebook, Instagram, Flickr, u otra red social?

    29 de Julio de 2015

    Cuántas veces vemos cómo los progenitores, con la mejor de sus voluntades, cuelgan en las redes sociales fotografías de sus hijos menores desde la primera ecografía hasta el baño, los primeros pasos... Sin embargo, fuera de ser una práctica de alto riesgo (como ser víctima de un uso inadecuado, hasta del morphing,...); lo cierto es que esta práctica se complica cuando los progenitores se han divorciado o la pareja de hecho se ha separado porque no quieren que se sigan publicando fotos de sus hijos en internet.

    En este sentido me gustaría destacar la sentencia de junio de 2015 dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra tras el recurso de apelación que interpuso la madre y que tras la misma impide al padre publicar las fotos de los hijos comunes sin el consentimiento de la madre.

    El tema puede ser candente pero lo cierto es que ambos progenitores deben tomar decisiones en común aún cuando estén separados o divorciados, máxime en todos los asuntos relacionados con la patria potestad que compartirán en la mayoría de los casos. Esto significa que tienen un derecho-deber que entre otras obligaciones están la protección de los menores y la gestión de sus derechos como es el de imagen.

    Como manifiesta la sentencia se debe destacar: 1) que el derecho a la propia imagen (art. 18-1 CE), en su dimensión constitucional, se configura como un derecho de la personalidad que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación; y 2) que la representación fotográfica del menor constituye un dato de carácter personal (Reglamento de la Ley de protección de datos de carácter personal).

    La disposición de la imagen (a través de fotos) de una persona requiere de su autorización y en el supuesto de nuestros hijos menores el consentimiento habrá de otorgarse por su representante legal que en este caso ostentan ambos progenitores, en cuanto titulares de la patria potestad.

    De modo que, aún encontrándonos ante un caso de padres divorciados o pareja de hecho separada en que la guarda y custodia del hijo menor haya sido atribuida a uno de ellos, en la sentencia se habrá acordado seguramente que ambos progenitores conserven la patria potestad; con lo cual, de pretender uno de los progenitores la publicación de fotografías de su hijo menor en las redes sociales habrá de recabar previamente el consentimiento del otro y en el caso, de oponerse, acudir a la vía judicial en orden a su autorización.

    En cualquier caso es imprescindible seguir una serie de consejos antes de publicar una fotografía de nuestros hijos:

    1.      El perfil en que se publique debe ser privado y contar con el consentimiento del otro progenitor.

    2.      No subir fotos de tu bebé o hijos en situaciones comprometidas, y por supuesto, nunca desnudos.

    3.      Jamás etiquetar ni rotular las fotos y sería conveniente asegurarse de que las fotos no van a ser indexadas a ningún buscador.

    CONCLUSIÓN

    ·        Puntos positivos: La necesidad de consentimiento de ambos progenitores, pudiendo instar el que no lo dio cuantas medidas estime pertinentes para erradicar dichas fotografías e, incluso, pedir daños y perjuicios en el supuesto de una utilización de la imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

    Puntos negativos: No poder publicar ninguna fotografía si el otro progenitor se opone puesto que a pesar de que se puede instar un procedimiento judicial para poder publicar las fotografías, será de muy difícil éxito salvo supuestos muy puntuales y concretos.

  • 7 Pasos para la rectificación de sexo en el Registro Civil en el supuesto de Disforia de Género.

    7 Pasos para la rectificación de sexo en el Registro Civil en el supuesto de Disforia de Género.

    6 de Julio de 2015

    Actualmente, desde el año 2007 la Ley permite rectificar registralmente el sexo y el nombre cuando la inscripción que consta en el Registro Civil no se corresponde con la verdadera identidad de género, sentida y desplegada a lo largo del tiempo.

    Lo más destacable de la regulación es que ya no exige una cirugía total -interna y externa- de reasignación sexual; lo que permite una mayor adaptación a la construcción sexual de la identidad mediante aquellos elementos sociales, psíquicos y corporales que a lo largo del tiempo se fueron aportando diariamente con normalidad. Cumpliendo así un mayor ajuste al derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad reconocido en nuestro art. 10 de la Constitución y con la más reciente jurisprudencia que modificó su criterio para considerar prescindible, de acuerdo con la ley ya vigente, la cirugía de reasignación.

    7 Pasos:

    Para lograr el objetivo cuáles son los pasos que se deben dar:

    1.      Tener la nacionalidad española y ser mayor de 18 años.

    2.      Incoar un expediente gubernativo que se tramita ante el Registro Civil del lugar donde tengas el domicilio habitual.

    3.      Tener diagnosticada la disforia de género.

    4.      Tratamiento médico hormonal durante al menos dos años para “acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado” y “no será necesario para la concesión de la rectificación (...) que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual”.

    5.      Elección de un nuevo nombre salvo que se quiera mantener el anterior y no sea contrario a los requisitos del Registro Civil, es decir, que no hagan confusa la identificación ni induzcan a error en cuanto al sexo.

    6.      Obtención de la resolución judicial mediante Auto de rectificación de la mención registral del sexo y el cambio de nombre (salvo que se acuerde mantener el anterior).

    7.      Obtención de la nueva partida de nacimiento para pedir que la renovación del DNI, para cambiar en este documento el nombre y sexo y una vez cambiados los datos en el DNI solicitar cambiar los documentos restantes (Tarjeta de Afiliación a la Seguridad Social; Tarjeta Sanitaria; Tarjeta de demandante de empleo; Padrón Municipal; Censo Electoral; nóminas;...).

    ¿Cómo llevar a cabo este procedimiento?

    Si bien es cierto, que la tramitación es aparentemente sencilla, hay pequeñas dificultades como la imposibilidad de obtener el informe del tratamiento hormonal durante más de dos años o la posibilidad de acogerse a la excepción por razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento, entre otras causas que aconsejan encargar dicha tramitación a un abogado de confianza.

    CONCLUSIÓN

    ·        Puntos positivos:

    o   La innecesariedad de cirugía de reasignación para llevar a cabo la rectificación del sexo y el cambio de nombre; y

    o   Los efectos constitutivos de la rectificación desde su inscripción en el Registro Civil. Esto significa que se podrá ejercer todos los derechos inherentes a la nueva condición como, por ejemplo, en el supuesto de ingresar en prisión se deberá atener a la identidad sexual física (apariencia de mujer en el caso de transexuales femeninas) y psíquica (sentirse mujer) de la misma; es decir, una transexual femenina deberá ser internada y tratada como cualquier otra presa. Esto sucederá aunque en el Registro Civil aún aparezca el nombre y sexo de nacimiento.

    ·        Puntos negativos:

    o   La exigencia absoluta de justificación por más de dos (2) años del tratamiento hormonal por el médico que pautó dicho tratamiento aunque, excepcionalmente, también podría subsanarse dicha exigencia pero para ello se debería asesorar de un abogado.

  • La custodia compartida debe considerarse normal e incluso deseable. Posición del Tribunal Supremo.

    La custodia compartida debe considerarse normal e incluso deseable. Posición del Tribunal Supremo.

    28 de Mayo de 2015

    Todo ha cambiado. Del año 2013 en que se comenzó la andadura del Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio el panorama es bien distinto.

    Qué lejos parece aquél artículo que publiqué en diciembre de 2013 cuando hablando, del Anteproyecto de custodia compartida decía que solo se atribuía de forma excepcional y casi residual (https://www.abogadomediadorfamiliar.com/es/noticias-detalle/la-custodia-compartida-dejara-de-ser-la-e....

    Pese a ello, los datos oficiales del INE para aquel año 2013 dibujaban un panorama esperanzador porque la custodia compartida era otorgada ya en el 17,9% de los casos.

    Lo cierto, es que desde hace años que se viene advirtiendo la situación de indefensión que se genera a los progenitores frente a los custodios ante los constantes fracasos de la legislación actual.

    Es curioso advertir que en todos los Convenios Reguladores y Sentencias de divorcio se recoge en un 95% que la patria potestad es compartida. Pero la obstinada realidad se encuentra día sí, día también frente a los abusos de aquellos progenitores custodios que hacen y deshacen a su antojo sin contar con el otro progenitor y ante la indefensión de los otros progenitores que ven cómo sus hijos cada vez forman menos parte de sus vidas; e incluso, que las nuevas parejas del custodio tienen una mayor relación e intimidad con sus hijos que ellos mismos. Sin contar con otras muchas situaciones imposibles generadas por custodias exclusivas mal ejercitadas.

    El Tribunal Supremo conocedor de toda esta realidad, como en muchas otras ocasiones se adelantó al legislador y fue corrigiendo la tendencia, siendo el punto de inflexión la sentencia de 25 de abril de 2014 cuando de forma expresa dijo que la redacción actual del Código Civil impide concluir que la custodia compartida se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores.

    Desde entonces múltiples han sido las sentencias de nuestro más alto tribunal corrigiendo la tendencia de los distintos operadores jurídicos así como a los Juzgados y Audiencias Provinciales que siguen viendo a la custodia exclusiva como lo normal, puesto que lo normal y deseable será la custodia compartida.

    De modo que la fotografía ha cambiado y, pese a que aún no se dictó la Ley de Corresponsabilidad Parental, el Tribunal Supremo ha cambiado el rumbo dirigiéndose a un campo más justo para los progenitores y los menores que muchas de las veces se veían manipulados por el custodio y cercenados ilegítimamente los contactos y visitas por el custodio.

    CONCLUSIÓN

    ·        Puntos positivos: Se protege mejor el derecho del menor, se evita la figura del progenitor ausente, se garantiza la efectividad de la patria potestad compartida y se evitan posiciones de superioridad entre progenitores.

    ·        Puntos negativos: La necesidad de que padres y madres realmente dediquen mayor implicación en las custodias; mayores de aptitudes de diálogo y negociación.

  • Quiero ver a mi nieto: ¿puedo solicitar un régimen de visitas?

    Quiero ver a mi nieto: ¿puedo solicitar un régimen de visitas?

    31 de Marzo de 2015

    El pasado mes de febrero vino muy apurada al despacho una abuela que había discutido con su hija el año pasado y ésta se había ido de casa. Desde el enfrentamiento, ni ella y ni el abuelo, habían podido ver a sus nietas. Pese a las llamadas telefónicas y los intentos de calmar la situación me decía que solo obtenía el desplante o el silencio por respuesta. De hecho, entre lágrimas, me contaba que habían sido las navidades más difíciles que habían pasado desde hacía mucho tiempo por la ausencia de sus nietas.

    Cada día son más los abuelos que acuden a nuestro despacho (https://www.abogadomediadorfamiliar.com) pidiendo ayuda con hechos similares porque hasta hace muy poquito los abuelos carecían de una protección específica y eran los grandes olvidados en las relaciones familiares. Supuestos en que las malas relaciones por problemas personales, el divorcio entre los progenitores, o la muerte de uno de ellos impiden injustificadamente la relación de los abuelos con sus nietos.

    Pasos que deben seguirse

    Afortunadamente, después de una serie de reformas legislativas junto con la jurisprudencia que poco a poco va sentando el Tribunal Supremo, esta situación está siendo corregida. Tanto desde el punto de vista legal como desde los Juzgados se ha reconocido que los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que son el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad civil. Y, en este punto, la intervención de los poderes públicos debe tender a asegurar el mantenimiento de un espacio de socialización adecuado que favorezca la estabilidad afectiva y personal del menor, a tenor del mandato contemplado en el artículo 39 de la Constitución que asegura la protección social, económica y jurídica de la familia.

    No obstante, pese a que la relación prioritaria sigue siendo la de los progenitores, se ordena prestar una atención especial a la relación abuelos-nietos, en interés del propio menor. Se trata de un derecho-deber beneficioso para ambos, que sólo podrá denegarse cuando concurra una causa que afecte al interés del menor y no al intereses particulares de los Padres.

    Por esta razón, debe actuarse con prontitud siguiendo cuatro (4) pasos básicos con el fin de recuperar el contacto con sus nietos:

    ·        Consultar lo antes posible con un abogado especialista en derecho de familia.

    ·        Requerir a los progenitores para ver a los menores.

    ·        Llevar a cabo lo más ágilmente las vías amistosas con los progenitores.

    ·        Acudir a la vía judicial, cuando pese a todo, la situación persiste.

    El tiempo es un elemento en contra y requiere actuar lo antes posible porque el tiempo perdido no vuelve, los niños van creciendo y la ausencia de relación es un factor en contra.

    ¿Quién puede solicitar el amparo de los tribunales?

    Como el propio Código civil indica tanto los abuelos como los parientes y allegados están legitimados para demandar a los progenitores y seguir un procedimiento judicial si es inviable un mutuo acuerdo o la mediación familiar.

    ¿Qué protección ofrece nuestros juzgados a los abuelos?

    Cada vez es más firme el Tribunal Supremo y ya ha dicho en más de una ocasión la necesidad de que se produzca este tipo de contactos partiendo de la regla de que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los progenitores, o, como ocurre en numerosos supuestos, por las malas las relaciones existentes entre los progenitores y los abuelos cuando no afectan al interés de los menores.

    Así que la respuesta de los Tribunales es amplio y dependerá del caso concreto. Pero conforme al tipo de relación que se tenga previamente con los menores las visitas, contactos y, en general, la relación con los abuelos será más o menos amplia. Lo normal, si no hay una situación patológica previa, es fijar unos día que pueden ir del simple contacto (merienda, paseo,...) hasta la pernocta e incluso días en vacaciones.

    ¿Debo esperar o debo actuar?

    Como ya decíamos, debe actuarse lo antes posible y de forma progresiva. Lo primero intentar llegar a un acuerdo amistoso pero si esto es inviable acudir sin más demora a los Juzgados porque como todo procedimiento judicial lleva su tiempo y pude llegar a alargar el momento de volver a ver a los nietos.

    CONCLUSIÓN

    ·        Puntos positivos: Una protección garantizada que obliga a los poderes públicos a proteger eficazmente a los menores y a los abuelos que son parte imprescindible del concepto de familia.

    ·        Puntos negativos: Tener que demandar a un hijo es un coste emocional pero el beneficio para los nietos es impagable.

  • ¿Quién paga los gastos del comienzo del año escolar?

    ¿Quién paga los gastos del comienzo del año escolar?

    20 de Febrero de 2015

    Analizamos la reciente sentencia del Tribunal Supremo (15 enero 2015)

    Es muy habitual que en la negociación del divorcio o de la custodia se fije para el menor una pensión de 200 € y pensar que luego se pagarán entre ambos progenitores por mitad los gastos del comienzo escolar (matrícula, libros, material escolar y ropa). Ahora la sentencia de enero de 2015 deja muy claro que eso no va a ser así; acabando de este modo con todo tipo de discusión. De modo que va a resultar que los 200 € fijados como pensión serán insuficientes para pagar los gastos causados al comienzo del año escolar.

    Pero ¿esto es cierto?


    Efectivamente, suele ocurrir en el 95% de los casos que nos llegan al despacho las partes no negociaran expresamente si los gastos de comienzo del curso escolar (matrícula, libros, material escolar, ropa) estaban incluidos o no en la pensión de alimentos.

    Esto resulta así porque habitualmente se confunden estos gastos con el término de "gastos extraordinarios". Ello es así porque la creencia es que solo son "ordinarios" los gastos que se tienen que pagar mensualmente, pensando que son "extraordinarios" los del comienzo del año escolar al devengarse de una sola vez y tener que pagarse justo al comienzo. De ahí el error al ser el sentir común que serán pagados al 50% como suele ser en la mayoría de los casos cuando se fija la contribución a dichos "gastos extraordinarios".

    Sin embargo, solo son "gastos extraordinarios" son aquellos que no se pueden preveer, tales como actividades extraescolares y gastos sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social o seguros privados sanitarios correspondientes; por lo tanto, no son gastos extraordinarios los libros, matrículas y material escolar, pues son gastos perfectamente previsibles que deberán ser atendidos con el importe de la pensión alimenticia. Además dentro de los gastos extraordinarios se debe distinguir entre los necesarios (como pueden ser por ejemplo el cambio de unas gafas), que no requieren el previo consentimiento del progenitor no custodio, y los no necesarios (como pudieran ser unas clases de tenis, por ejemplo), que sí precisan del previo conocimiento y consentimiento del progenitor no custodio.

    Lo cierto es el que el término "pensión alimenticia" se utiliza para designar la contribución del progenitor no custodio al pago de los gastos causados por la alimentación de los hijos en toda la extensión del término: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción.

    En aplicación de lo expuesto la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 2014 dice que:

    1. Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto.

    2. La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes.

    3. Establecido lo anterior, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos

    ¿Quién debe pagar entonces?

    Si solo se fijó una cantidad alzada al mes, como los 200 € que pusimos de ejemplo, estos gastos los tendrá que pagar el progenitor que tiene la custodia.

    ¿Cómo evitar esta situación?

    Lo cierto es que la única forma de evitar esta situación es hacer constar expresamente una cláusula complementaria dedicada exclusivamente a cubrir los costes económicos derivados de la formación.

    ¿Cuándo debo atajar el problema?

    El momento es en plena discusión, es decir, a la hora de redactar el Convenio Regulador si se hace de forma pactada; o bien, pidiendo expresamente en la demanda dicha cláusula cuando la cuestión se ventila en un proceso judicial contencioso. Si bien es cierto, que será mucho más fácil incluirlo en una mutuo acuerdo que en el proceso contencioso, no veo debería plantearse ningún problema para que bien explicado y solicitado al órgano judicial éste pueda reflejarlo correctamente en la sentencia.

    ¿Por qué, debo hacerlo?

    Se supone que el cálculo de los gastos es anual, aunque el abono es mensual. Esto significa que el custodio tendría que de no incluirse una cláusula que prevea esta situación el progenitor custodio tendrá que ahorrar del importe que recibe mensualmente de la pensión para pagar estos gastos. Lo cual en la realidad es un problema porque es muy difícil dicho ahorro y porque la creencia popular dará muchos problemas al pensar que se pagarán por mitad con el otro progenitor como gasto extraordinario. A la luz de esta sentencia queda claro que son ordinarios y no se puede reclamar la mitad de dichos gastos.

    CONCLUSIÓN

    Puntos positivos:

    ·        Obliga a tener bien claro los gastos que vamos a tener que hacer frente con la pensión de alimentos.

    ·        Por defecto permite saber mejor que solo serán extraordinarios aquellos que sean totalmente imprevisibles.

    Puntos negativos:

    ·        Dejar al progenitor custodio en los meses en que se generan dichos gastos sin más recursos económicos que los propios. Lo cual será a buen seguro fuente de una alta conflictividad. El alto coste que generan al comienzo del año académico y que, en la mayor parte de las ocasiones se piensa que son gastos cubiertos al 50% como extraordinarios dará lugar a muchas discusiones y disgutos.

    ·        Obliga a fijar desde el principio estos gastos, lo que podrá dar lugar a que se quede corta cualquier cláusula complementaria mal negociada, con deficiente redacción o insuficientemente explicada.


    En cualquier caso, dependerá mucho de la situación personal de cada familia. Ya que no todas tienen las mismas necesidades ni los importes son iguales. Por esta razón, te invitamos a que cualquier duda o cuestión que se pudiera plantear contactes con nuestro despacho para poder resolver de forma individualizada tu problema.

  • Si mis hijos son mayores de edad pero aún estudian ¿Quién se queda con el uso de la casa?

    Si mis hijos son mayores de edad pero aún estudian ¿Quién se queda con el uso de la casa?

    16 de Mayo de 2014

    La Constitución impone a los padres el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

    Y, efectivamente, es cierto que nuestra legislación y jurisprudencia viene a extender la protección de los hijos también a los mayores de edad que aún conviven en el mismo domicilio y carecen de independencia económica. Pero una cosa es el derecho a pensión de alimentos y otra la vinculación del uso de la vivienda a la atribución de la guarda y custodia.

    Entonces, la pregunta es ¿qué sucede cuando un hijo mayor de edad muestra su preferencia de quedarse a vivir con un progenitor frente a otro? ¿daría esa decisión del hijo un mayor derecho frente al otro progenitor para quedarse con el uso del domicilio?

    La respuesta es: no, la decisión del hijo mayor sobre con cuál de los padres quiere convivir, no puede considerarse como si el hijo mayor de edad ostentase algún derecho de uso sobre la vivienda familiar, de manera que dicha elección conllevara la exclusión del otro progenitor del derecho a la utilización de la vivienda que le pudiera corresponder.

    Desde el año 2011, el Tribunal Supremo sentó doctrina diciendo que ningún alimentista mayor de edad (en este caso un hijo), cuyo derecho se regule conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, tiene derecho a obtener parte de los alimentos que precise mediante la atribución del uso de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que no haya elegido convivir. En dicha tesitura, la atribución del uso de la vivienda familiar ha de hacerse al margen de lo dicho sobre los alimentos que reciba el hijo o los hijos mayores, y por tanto, única y exclusivamente a tenor, no del párrafo 1º sino del párrafo 3º del artículo 96 CC, según el cual «No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponde al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección».

    De modo que la respuesta correcta a la pregunta inicial del artículo es que los hijos mayores de edad carecen de poder sobre la atribución del uso y dependerá exclusivamente de la titularidad del inmueble y de las circunstancias personales de cada uno de los cónyuges. Pero en el supuesto de ser ambos cotitulares de la finca y con situaciones personales similares no habrá preferencia para ninguno y deberán estar a las mismas normas de uso que cualquier otro uso en copropiedad.

    En cualquier caso, la solución final precisa siempre de un estudio personalizado del asunto por lo que le recomendamos consulte con un abogado.

  • Indemnizaciones por retraso y cancelaciones en los vuelos.

    Indemnizaciones por retraso y cancelaciones en los vuelos.

    13 de Enero de 2014

    Recientemente en Santander, el viento provocó numerosos retrasos y cancelaciones en los vuelos que salían desde el aeropuerto de Parayas.

    Lo primero que tienen que hacer los viajeros es poner de forma inmediata una reclamación ante la compañía que pueden presentar en cualquiera de las oficinas de AENA. La cual se encargará de tramitar ante la compañía. Así se evitan el transcurso de los plazos.

    Sin embargo, los pasajeros deben recordar que la compañía debe responder siempre que se cancele o retrase el vuelo de forma injustificada, debiendo de ser la compañía quien acredite la existencia de la causa que hizo todo lo posible para evitar o reparar el daño.

    En lo que respecta a los retrasos, pérdida o avería de equipaje facturado y de la carga, el Convenio de Varsovia; la Ley de Navegación Aérea Española y el RD 37/2001, que modifica las cuantías indemnizatorias previstas en la LNA, han venido a instaurar el principio de responsabilidad objetiva hasta ciertos límites y, en virtud del cual, el transportista responderá del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería, así como en supuestos de retraso en la entrega del equipaje o mercancía.

    Sobre la responsabilidad solidaria de la Compañía Aérea y la Agencia de Viajes en casos de viajes combinados  la SAP Asturias, núm. 616/2001 (Sec. 4ª), de 24 diciembre, al analizar el caso de un retraso en vuelo con pérdida de enlace a París, con pérdida de un día de vacaciones, se condenó a la compañía aérea y transportista a la indemnización por daño moral, declarando procedente, además, la responsabilidad solidaria junto a compañía aérea de las agencias de viajes, al tratarse de un viaje combinado y habiendo existido la falta de puesta en conocimiento de los pasajeros de la posibilidad de retraso por posibles problemas laborales de la compañía aérea.

    No obstante, habrá de ponerse siempre en tela de juicio la expresión de fuerza mayor y si la compañía hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar el perjuicio. Respecto de la agencia de viajes debiera de prestar ayuda a resolver cualquier problema y realizar ante ésta se debe reclamar los servicios no prestados conforme al contrato porque como hemos dicho es solidariamente responsable también junto con la compañía aérea.

    Para cualquier aclaración y, sobre todo, ante una reclamación contra la compañía, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

  • La custodia compartida dejará de ser la excepción

    La custodia compartida dejará de ser la excepción

    13 de Diciembre de 2013

    El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental conocido como Anteproyecto de Ley de Custodia Compartida. 

    Esta nueva Ley pretende superar la obsoleta regulación de la custodia de los hijos que configura el régimen de custodia ordinario de forma preferente.

    Hasta ahora y en situaciones de divorcio, nulidad o separación de los cónyuges, la patria potestad de los hijos correspondía a ambos. Sin embargo, la custodia pertenecía sólo a uno de ellos y al otro se le aplicaba un régimen de visitas. Con la presente modificación, la custodia compartida pasará a ser la norma preferente, vieja petición de muchos padres, que se veían privados de dicha responsabilidad en favor de las madres.

    En la actualidad la custodia compartida solo se atribuye de forma excepcional y casi residual. Sin embargo, esta nueva regulación va mas allá de lo que dispone el vigente Código Civil que exige la petición de, al menos, uno de los progenitores para que el Juez pueda establecer un régimen de custodia compartida. Con el texto del Anteproyecto de Custodia Compartida es posible que el Juez adopte un régimen de custodia compartida de los hijos aun cuando ambos progenitores insten la custodia para sí, es decir, aunque ninguno de los progenitores solicite la custodia compartida.

    Para tomar la decisión, el Juez solicitará informe no vinculante al Ministerio Fiscal y tendrá en cuenta las alegaciones de las partes, la opinión del menor, los dictámenes de expertos, aspectos como edad, arraigo social, escolar y familiar de los niños, las relaciones de los vástagos con los progenitores, las de éstos entre sí y la voluntad de ambos cónyuges a la hora de asumir ciertos deberes.

    Con la reforma, la patria potestad se equiparará a la corresponsabilidad parental. Así, se dejará de hablar de “visitas”, de “guardador” o de “custodio”, pues el texto enfatiza conceptos como “convivencia”, “régimen de estancias”, etc.

    Esta regulación supondrá también la ampliación del ámbito del convenio regulador. Los progenitores podrán consensuar el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos menores. Cuando los cónyuges presenten una demanda de divorcio, separación o nulidad, deberán acompañar un plan de ejercicio de la patria potestad donde los progenitores plasmarán la forma en la que desean ejercer las responsabilidades parentales.

    El cambio que implica el Anteproyecto es contrario a la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo. De entrada ya existe un informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley que realiza una profunda critica y se muestra abiertamente en contra de que el Juez pueda establecer la custodia compartida cuando ninguno de los progenitores lo haya solicitado.

    Por otra parte, el anteproyecto incluye otras novedades importantes como por ejemplo:

    • En materia de Violencia de género o doméstica: El Juez no procederá atribuir la guarda y custodia de los hijos, ni individual ni compartida, ni un régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos, al progenitor que haya sido condenado penalmente por sentencia firme, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos hasta la extinción de la responsabilidad penal, tras lo cual será el Juez quien deba valorar si procede tal concesión, atendiendo a los criterios señalados en los apartados anteriores y, singularmente al delito cometido, duración de la pena, reincidencia y reinserción del progenitor. Y tampoco procederá cuando el Juez del procedimiento civil advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de la comisión de tales hechos por el progenitor, siempre que el delito no estuviera prescrito. Si ambos padres se hallaren incluidos en este tipo de exclusiones, el juez atribuirá la guarda y custodia al familiar cercano más idóneo.
    • En materia de Liquidación del régimen económico matrimonial. La reforma simplificará el proceso. Al iniciar cualquier procedimiento, deberá solicitarse inventario de la masa común de bienes y derechos. Admitida la demanda, la sociedad de gananciales suspenderá sus efectos y empezará a aplicarse la separación de bienes. De esta manera, se evitará que un cónyuge endeudado vincule esa carga al otro, una vez separados.

    La nueva Ley cambiará la forma de plantear la solución a la crisis de pareja. Al desaparecer la preferencia que daba la exclusividad a la hora de la atribución de la custodia de los niños, a buen seguro impedirá usar a los menores como moneda de cambio. Extremo reprochable que en ocasiones venía dándose. Por esta razón, entre otras muchas la reforma será muy debatida antes y después de su aprobación.

    En cualquier caso, y como avanza Juan Pablo González del Pozo (Magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 24, de Familia, de Madrid) este Anteproyecto de Custodia compartida será un avance que homologará en todo el estado la normativa reguladora de la custodia compartida.  Hasta ahora los padres y madres españoles separados o divorciados tenían un diferente tratamiento jurídico en función del lugar de su residencia habitual porque en Comunidades Autónomas, como Aragón o la Comunidad Valenciana, pueden acogerse a una normativa que establece el sistema de custodia compartida como preferente, cosa que no se produce en el resto de España. Así que esta nueva regulación evitará ese diferente tratamiento.

  • Ley de Cooperativas de Cantabria

    Ley de Cooperativas de Cantabria

    30 de Noviembre de 2013

    El 27 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado y el 18 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, la Ley 6/2013 de 6 de noviembre de Cooperativas de Cantabria. Dicha ley será de aplicación para todas aquellas sociedades cooperativas que desarrollen su actividad en Cantabria, así como aquellas que tengan su domicilio en la comunidad autónoma.

    La norma, siguiendo la línea marcada por las Leyes de cooperativas más modernas, determina la necesidad de aportar un capital social mínimo de tres mil euros. Con ello se pretende subrayar el carácter empresarial de las iniciativas cooperativistas y ofrecer a los terceros, desde el nacimiento mismo de la entidad, un testimonio real de seriedad económica y de seguridad jurídica, si bien se admite que en el momento de la constitución se desembolse el veinticinco por ciento del mismo, difiriendo el resto hasta cuatro años. Asimismo se destaca que la cooperativa, como organización empresarial, constituye una entidad cuya gestión le proporciona una solidez y credibilidad propia, independiente de los socios que la conforman en cada momento, lo que justifica que éstos no respondan personalmente de las deudas sociales.

  • Aplicación del factor de corrección aun cuando la víctima no justifique ingreso alguno.

    Aplicación del factor de corrección aun cuando la víctima no justifique ingreso alguno.

    30 de Noviembre de 2013

    Una reciente sentencia sostiene que cuando la víctima de un accidente se encuentre en edad laboral se le debe aplicar el factor de corrección del 10% sobre las cuantías indemnizatorias y sin necesidad de acreditar tener o no ingresos.

    Dicha sentencia se fundamenta en una conocida resolución del Tribunal Supremo 20 de julio de 2011 que aplica dicho porcentaje de forma automática al entender que es el mínimo aplicable para compensar el lucro cesante o la pérdida de expectativas laborales frustradas a consecuencia del accidente, y como forma de indemnizar completamente el daño causado al perjudicado.

  • ¿Qué ocurre cuando muere el titular de una cuenta corriente? ¿Quién se queda con el dinero?

    ¿Qué ocurre cuando muere el titular de una cuenta corriente? ¿Quién se queda con el dinero?

    18 de Noviembre de 2013

    El Banco no se queda en ningún caso con el dinero, cuando muere el titular de la cuenta corriente, sino que el mismo pasa a sus herederos testamentarios o legales.

    Atención. Si era cotitular de la cuenta de ahorro o corriente, es decir, existía otro titular, el titular vivo mantendrá el control de la mitad del importe disponible en la cuenta.

    ¿Por qué bloquea el saldo de la cuenta?

    A la muerte del titular el Banco bloqueará la cuenta a la espera de que se justifique quiénes son sus legítimos herederos, y que se haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones con el fisco mediante la presentación, y en su caso el pago, del impuesto de sucesiones

    Atención. En caso de cotitularidad de la cuenta, por ejemplo si se trata de un matrimonio, se bloqueará en principio tan sólo la mitad del saldo, dado que se presume, salvo que se pruebe lo contrario, que pertenece por partes iguales a ambos titulares.

    ¿Quién puede gestionar la cuenta?

    Con el fallecimiento del titular se extinguen todos los poderes y mandatos otorgados por el mismo. De ahí que, aunque hubiera alguna persona autorizada por el titular para gestionar la cuenta, perdería todas sus facultades de disposición.

    Un autorizado, que es diferente de un cotitular, deja de serlo en el momento del fallecimiento del titular.

    El banco, claro está, no tiene porqué enterarse del fallecimiento en el mismo momento de suceder, por lo que el autorizado podría seguir operando hasta que se le notifique. Esto podría posteriormente ser denunciado por los herederos

    Entonces, si la cuenta está bloqueada y nadie está autorizado para gestionarla ¿Cómo deben proceder los herederos para recuperar el dinero?

    Para proceder a disponer de los saldos existentes, se precisa realizar previamente una serie de actos de ineludible cumplimiento:

    1.- Entregar a la entidad los documentos que acreditan la condición de heredero:

    Testamento

    Si existe testamento, hay que presentar el certificado de defunción y el del Registro de Actos de Última Voluntad además, una copia autorizada del último testamento y justificar la condición

    Si no hay testamento, habrá que entregar el Auto de declaración judicial de herederos abintestato, o el acta de notoriedad.

    Para justificar el derecho hereditario es exigible el certificado de defunción y el del Registro de Actos de Última Voluntad, además de la copia autorizada del último testamento; a falta de testamento, será necesario que los interesados aporten el Auto de declaración judicial de herederos abintestato, o acta de notoriedad.

    2.- Una vez justificado el derecho hereditario, debe acreditarse el derecho a la adjudicación de los bienes, para lo cual las entidades pueden exigir la documentación justificativa de la partición y adjudicación de bienes, que podrá formalizarse tanto en documento notarial como en documento privado, siempre que, en este último caso, venga firmado por todos los herederos o sus representantes.

    Para justificar el derecho a la adjudicación de los bienes, se precisa la entrega de documentos complementarios, como por ejemplo la aceptación de la herencia, partición, etc., que justificarán la titularidad de cada heredero respecto de los bienes que reclama.

    3.- Por último, será necesario presentar el documento que acredite haber cumplido las obligaciones fiscales en relación con el fallecimiento del difunto. Se trata de la copia de la liquidación del impuesto de sucesiones.

    Los herederos deben acreditar el pago o la exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya que las entidades son responsables subsidiarias del pago de dicho Impuesto.

    Atención. Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago del impuesto de sucesiones en caso de fallecimiento del titular de la cuenta corriente. Por ello, bloquearán la cuenta y no permitirán a los herederos disponer del dinero en tanto no se les acredite el pago del mismo.

    ¿Cómo obtener información sobre las cuentas corrientes de alguien que ha fallecido?

    En principio, las entidades deben facilitar a quienes acrediten su condición de herederos información sobre las posiciones que mantenía el causante frente a ellas en el momento de producirse el fallecimiento, así como, en su caso, los movimientos habidos con posterioridad al mismo e incluso información sobre movimientos y operaciones concretas anteriores.

    Atención. En el Banco de España no existe ningún registro de las cuentas bancarias que mantienen los clientes de las entidades de crédito. Por ello, si se desconocen las cuentas que ostentaba el fallecido, los herederos deberán dirigirse a la Administración Tributaria, siempre acreditando la condición de herederos, para recabar datos sobre los rendimientos financieros que se le hayan podido imputar a la persona fallecida en los últimos ejercicios fiscales y que hubieran debido ser comunicados a Hacienda por la entidad o entidades en las que tuviera cuentas. De esta forma podrá conocer en que entidades tuvo cuentas el titular fallecido.

    Siempre se puede acudir a la Agencia Tributaria bajo la condición de herederos para saber recopilar información sobre la actividad financiera del fallecido y en qué entidades operaba.

    Algunos consejos a seguir, ante el fallecimiento de una persona y en relación con las cuentas corrientes titularidad del difunto, son:

    1. Comunicar a la entidad bancaria el fallecimiento del titular lo más rápido posible, para posibilitar el bloqueo de las cuentas y evitar que nadie disponga de ellas de forma no autorizada.

    2. Facilitar a la entidad los documentos que acreditan la condición de heredero y el derecho a la adjudicación de los bienes. 


    Artículo leído y publicado por Disjurex